El PPRM inicia la elaboración del libro blanco de !˜Acción Social y Estado del Bienestar!™ en el que se implicarán colectivos y entidades sociales para impulsar iniciativas

La nueva Ley de Servicios sociales “es el claro reflejo de las políticas sociales centradas en las personas del presidente López Miras que blinda los derechos sociales”, ha remarcado la ‘popular’

El Partido Popular de la Región de Murcia ha iniciado los trabajos de elaboración del libro blanco del área de ‘Acción Social y Estado del Bienestar’ en el que se implicarán colectivos y entidades sociales regionales. 

La vicesecretaria de Acción Social del PPRM, Violante Tomás, se ha reunido con integrantes de la comisión, además de con el secretario general del PPRM, José Miguel Luengo, “para recoger las necesidades de los colectivos más vulnerables, a través de las entidades sociales que les ayudan, para impulsar propuestas de carácter regional y nacional, que mejoren la vida de las personas que peor lo están pasando”, ha puntualizado la ‘popular’.

Tomás ha explicado que “en estos momentos tan difíciles a causa de la pandemia, las entidades sociales están desarrollando una labor esencial” porque “son las que conocen de primera mano la realidad social de los colectivos más vulnerables”, por lo que, tal y como ha defendido, “es imprescindible trabajar de forma conjunta para que nadie se quede atrás en la reconstrucción social”.

De hecho, conscientes de la importante labor de las entidades sociales, “el Gobierno de López Miras ha destinado 9 millones de euros a las ONG para que ayuden a las familias que han visto alterada su situación económica como consecuencia de la pandemia, con el fin de evitar los desahucios y proporcionarles el acceso inmediato de una vivienda”.

Durante la reunión de la comisión, además, se ha puesto en valor el trabajo que se ha desarrollado para aprobar la nueva Ley regional de Servicios Sociales que, para su elaboración, se ha contado con el Tercer Sector y la sociedad civil.

De hecho, como ha explicado Tomás, la Ley “es el claro reflejo de las políticas sociales centradas en las personas del presidente López Miras”, ya que se trata de una Ley de tercera generación que “blinda los derechos sociales de los ciudadanos, que garantiza el acceso en igualdad a las prestaciones sociales y la universalidad de unos servicios de calidad, que es precisamente uno de los principios rectores de esta norma”.