El PPRM condena la ‘cacicada’ de la reforma laboral que perjudica a la hostelería, al campo y a la construcción en la Región

“Vamos a depurar todas las responsabilidades legales ante este ataque a la voluntad popular y recurriremos al Tribunal Constitucional para defender la democracia”, ha incidido Guardiola

“Batet se ha comportado como la comisaria política de Sánchez para favorecer al PSOE y podría enfrentarse a un delito de prevaricación”, ha afirmado

El PPRM condena la ‘cacicada’ de la Reforma Laboral que perjudica a la hostelería, turismo, campo y construcción en la Región de Murcia. La portavoz del PPRM, Miriam Guardiola, tras el Comité Ejecutivo, ha condenado este “pucherazo” que “es un ataque directo al 40 por ciento del PIB regional ya que estos sectores son el tractor de nuestra economía”.

“Batet ha demostrado ser una auténtica comisaria política y una delegada del Gobierno de Pedro Sánchez y de Podemos”, ha insistidito Guardiola, porque “la presidenta del Congreso incumplió flagrantemente el reglamento de la Cámara y, a sabiendas, impidió que se emitiera válidamente un voto que era clave para que se aprobara la ley de su partido, por lo que podría enfrentarse a un delito de prevaricación”.

En definitiva, tal y como ha subrayado Guardiola tras el comité de dirección del PPRM, presidido por Fernando López Miras, “Batet permitió una votación nula para que saliera adelante una ley del PSOE” porque “a nadie se le escapa, que la presidenta del Congreso es amiga personal de Pedro Sánchez y que le mueve un interés claramente partidista y político”.

Ante la gravedad de estos hechos, “desde el PP depuraremos todas las responsabilidades legales en las que haya incurrido Batet y el PSOE y emprendemos todas las acciones que sean necesarias para que esto no vuelva a ocurrir”, ha manifestado la portavoz del PPRM, quien ha añadido que “acudiremos al Tribunal Constitucional para defender la voluntad popular y nuestra democracia”.

Guardiola ha sentenciado que “estas prácticas bolivarianas, más propias de repúblicas bananeras, no tienen cabida en nuestro ordenamiento jurídico y en un Estado de Derecho como el nuestro”.