Guardiola: “La Ley de vivienda de Sánchez es otra ley que ampara a los delincuentes y desprotege a los propietarios”

“España necesita un Pacto de Estado de vivienda que involucre a todas las administraciones y que contribuya a bajar el precio de la vivienda incrementando la oferta”, ha afirmado 

La portavoz del Partido Popular de la Región de Murcia, Miriam Guardiola, ha denunciado que “la Ley de vivienda de Sánchez es otra ley que ampara a los delincuentes y desprotege a los propietarios”.  

Guardiola ha afirmado que se trata de una ley que “ampara la okupación ilegal”, que “trata de intervenir en el mercado y decirle a los ciudadanos por cuánto tienen que alquilar o vender su vivienda y no da solución al problema de la vivienda en España”. 

“España no necesita una política de vivienda de los independentistas, que es intervencionista”, ha asegurado la portavoz, para añadir que “las medidas que propone se han demostrado ineficaces y contraproducentes allí donde se han aplicado”.  

“Todo lo contrario a lo que ha hecho el presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, con medidas que ayuda a los jóvenes”, ha asegurado Guardiola, “como con una ayuda a la emancipación de 1.000 euros para gastos objetivos de acceso a vivienda; ampliar el Bono Alquiler Joven; un aval para cubrir la fianza del alquiler para jóvenes con rentas medias y bajas o con medidas;  deducciones y bonificaciones fiscales que ayuda a los ciudadanos a adquirir su primera vivienda o alquilar una vivienda digna; incrementar la cesión de suelo de las administraciones para construir vivienda social para colectivos preferentes; y un aval de hasta el 15% del precio de la vivienda para completar la financiación de la hipoteca de los jóvenes”. 

La portavoz ha incidido en que España necesita un Pacto de Estado de vivienda y “frente a los que no son capaces de pactar ni consigo mismos, que pasan los días enfrentados entre ellos y enfrentado a la sociedad, ese pacto solo puede ofrecerlo el PP”. 

Concretamente, ha explicado, “un pacto que involucre a todas las administraciones, que contribuya a bajar el precio de la vivienda incrementando la oferta, que ayude a los que más lo necesitan y que acabe con la ocupación” ya que “es un problema que afecta a miles de propietarios y en el que la ley del Gobierno parece ponerse del lado de los okupas y no de los propietarios”.