El Partido Popular, a través de una moción en la Asamblea Regional, ha solicitado al Gobierno de España aplazar el alta obligatoria en la Seguridad Social a alumnos de FP y Universidades que realicen practices en empresas “hasta que los términos legales estén bien claros y se garantice por parte de los ministerios competentes el adecuado cumplimiento de la norma, velando siempre por el legítimo interés y los derechos del estudiantado”.
Carlos Albaladejo, defensor de la iniciativa, ha señalado que “es inadmisible que el Gobierno de Sánchez ponga trabas con una medida que desincentiva la necesaria implicación de las empresas en la formación de los jóvenes y su acceso al mercado laboral”. “Y que, además, frenará el avance de la Formación Profesional”, ha añadido.
Al respecto, Albaladejo ha subrayado que “fijándonos exclusivamente en las salidas laborales que encontramos después de los estudios superiores, los datos dicen que la Formación Profesional ofrece más posibilidades de encontrar trabajo, y que quienes la cursan entran antes en el mercado laboral”, ya que “la FP proporciona conocimientos que conectan inmediatamente con el ejercicio profesional en áreas muy diversas”.
“De hecho, la apuesta del Gobierno regional por la Formación Profesional, y más en concreto por la FP Dual, es una historia de éxito, ya que ha dado lugar a una empleabilidad de casi el 100%”, ha apuntado el diputado regional, “lo que demuestra que fomentar la relación educación-empresa es el mejor camino para facilitar el acceso de los jóvenes al mercado laboral”, ha apostillado.
Albaladejo ha recordado que “en la Conferencia de Educación celebrada el pasado 13 de diciembre en Madrid, 14 comunidades autonómas, entre ellas la Región de Murcia, demandaron la suspensión de la medida obligatoria de dar de alta en la Seguridad Social a los alumnos de FP que realizan prácticas en empresas, hasta que las condiciones sean más claras”, ya que “esta decisión no hace más que poner dificultades a las empresas, piezas fundamentales en el desarrollo de estas enseñanzas”.
“Por otro lado, la Conferencia de Rectores de la Universidades Españolas (CRUE) teme que el sistema de prácticas pueda colapsar ante la situación de incertidumbre generada, ya que la Tesorería de la Seguridad Social sigue sin enviar instrucciones claras, precisas y estables sobre cómo implementar la medida”, ha puntualizado el diputado regional.
Albaladejo ha apuntado que “tras ser obligatorio, 450.000 becarios cotizan a la Seguridad Social y las altas se han multiplicado por cuatro en los primeros meses del año”, aunque “solo uno de cada cinco estudiantes cobra por estas prácticas”.
El parlamentario ha alertado que “ante el desconcierto que se está produciendo, muchas empresas retiran su oferta de prácticas formativas, incluso cuando la Universidad o los Centros de Formación Profesional asumen su gestión económica y administrativa”.
“Por todo ello, instamos al Gobierno de Sánchez a que suspenda esta medida de efectos tan contraproducentes, al menos hasta que se despejen todas las dudas de una situación de incertidumbre e inseguridad jurídica que el mismo Ejecutivo ha generado”, ha concluido Carlos Albaladejo.