El PP denuncia en el Parlamento Europeo el desmantelamiento sistemático del Estado de Derecho en España

La eurodiputada del PP, Maravillas Abadía, expresó hoy su preocupación por la "grave deriva autoritaria" que se está produciendo en ciertos Estados miembros de la Unión Europea, especialmente en España.  

Ha sido en la Comisión de Asuntos Jurídicos (JURI), donde los eurodiputados han llevado a cabo un análisis del documento elaborado por la Comisión LIBE sobre el Informe Anual de la Comisión Europea sobre el Estado de Derecho 2024 en los Estados miembros. El texto de la Comisión destaca, entre otros aspectos, la preocupante falta de independencia de la Fiscalía General del Estado.

La eurodiputada murciana, Maravillas Abadía, se mostró especialmente preocupada por el desmantelamiento del Estado de derecho en España. Señaló que “la Fiscalía General del Estado ha sido convertida en un instrumento más al servicio del Ejecutivo”, y subrayó la reciente imputación del Fiscal General por prevaricación como ejemplo de este ataque al Estado de derecho en España. 

Además, la eurodiputada murciana puso de manifiesto que “la degradación del Estado de derecho en España no se limita a la Fiscalía”, sino que afecta a la propia acción legislativa. Mencionó el informe de Estado de Derecho 2024 de la Comisión, que destaca “la lucha contra la corrupción como uno de los ejes centrales del Estado de derecho”, y cuestionó las reformas impulsadas por el Gobierno de Sánchez, como la “Ley Begoña”, para evitar que las investigaciones sobre los escándalos de corrupción avancen.

“¿Qué ocurre cuando el Gobierno mismo es quien legisla para escudarse de las investigaciones? En España, el círculo cercano del presidente está salpicado por múltiples escándalos y la respuesta son reformas judiciales para impedir la actuación de la Justicia”, explicó.

Asimismo, destacó que la Unión Europea “no puede entenderse sin sus Estados miembros”, por lo que es crucial “vigilar las violaciones de derechos fundamentales”. En este sentido, subrayó la necesidad de que la Comisión Europea “se pronuncie con firmeza cuando los países socaven la independencia judicial o manipulan las instituciones, como es el caso de España”.