La eurodiputada del Partido Popular Maravillas Abadía ha defendido hoy en la Comisión de Empleo del Parlamento Europeo una propuesta de Directiva que busca un reconocimiento jurídico y laboral específico para los profesionales que ejercen funciones de alto riesgo en Europa: policías, militares, funcionarios de prisiones, agentes de aduanas y de fronteras.
“Es una cuestión de justicia, de coherencia institucional y de responsabilidad política”, ha afirmado Abadía, subrayando que miles de hombres y mujeres en toda Europa arriesgan cada día su integridad física y mental para proteger nuestra seguridad, nuestros derechos y nuestras fronteras. Sin embargo, a día de hoy, la Unión Europea aún no los reconoce formalmente como profesionales de alto riesgo. “Y eso tiene consecuencias: para su salud, para su carrera, para sus familias y para su futuro”, ha denunciado.
La propuesta presentada por Abadía incluye medidas concretas como una definición común europea de “profesión de riesgo”, con criterios armonizados. Además, reclama un marco que permita a los Estados Miembros adaptar condiciones laborales clave como una jubilación anticipada sin penalización, cobertura psicológica para el profesional y su entorno familiar, acceso garantizado a asistencia sanitaria y protección jurídica reforzada frente a agresiones. Todo ello deberá completarse con formación especializada, mejores medios de protección y un sistema de prevención de riesgos adaptado a las exigencias del puesto.
Abadía ha denunciado que, a pesar de que algunos países ya aplican protecciones adicionales, las cifras siguen siendo alarmantes: solo en España, en 2023, se registraron 16.878 agresiones a policías, un 30% más que en 2018. En Alemania fueron 43.000, en Francia 15.000, y en Países Bajos 12.000, algunas de ellas con resultado de muerte.
“Europa no puede seguir mirando hacia otro lado”, ha advertido. “No estamos hablando de privilegios, sino de una obligación moral y legal. La UE debe garantizar que estos profesionales cuenten con las condiciones y herramientas adecuadas para ejercer su labor en un entorno seguro”.
Esta iniciativa se apoya en la Directiva Marco de 1989 y en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que reconoce el derecho de estos colectivos a una protección específica. “Durante años, se les ha intentado excluir del sistema de protección laboral. Hoy queremos corregir esa injusticia”, ha añadido la eurodiputada.
Abadía ha subrayado que esta medida no invade competencias nacionales, sino que las complementa, armoniza y refuerza. “Si compartimos una política común de seguridad, asilo y fronteras, también debemos compartir la responsabilidad de proteger a quienes la hacen posible”.
Para finalizar, ha hecho un llamamiento al resto de eurodiputados: “Esta Directiva es un mensaje claro: Europa protege a quienes la protegen. No podemos permitirnos perder a los mejores profesionales por falta de reconocimiento o apoyo institucional. Hoy tenemos la oportunidad de estar a la altura”.
Desde el punto de vista procedimental, en la próxima reunión de portavoces de los grupos políticos, que se celebrará en mayo, se decidirá si la propuesta sigue adelante, y en qué modalidad, probablemente, como Informe de Iniciativa en la que el Parlamento Europeo expresa su posición para solicitar a la Comisión Europea, que tiene las competencias, redacte una propuesta legislativa.