“Es un intento de dar oxígeno a las familias afectadas y de resolver una injusticia para los que están sufriendo la decisión unilateral del Gobierno de Pedro Sánchez” asegura el diputado Juan Luis Pedreño
El Partido Popular logró ayer sacar adelante en el Congreso de los Diputados, con el voto en contra del PSOE y de Sumar, la toma en consideración de una proposición de ley para modificar la Ley de Costas. El objetivo es preservar las viviendas de más de 400 familias de la Región de Murcia y de miles en España. Se trata de conservar los conjuntos urbanos de tipología tradicional y otras instalaciones de interés público en terrenos que han pasado a ser de dominio público marítimo terrestre.
La propuesta fue defendida por el diputado del PP Carlos Gil Santiago, quien subrayó que la actual Ley de Costas provoca “innumerables situaciones” en las que muchos ciudadanos, propietarios de pequeños negocios familiares o de viviendas humildes en núcleos costeros, se ven sometidos a “la amenaza permanente” de ser despojados de su propiedad.
Exigió cambios en la Ley de Costas, para dotar de seguridad jurídica a estos núcleos tradicionales que forman parte de nuestro paisaje, historia y raíces, y que se reconozca lo que muchas comunidades y ayuntamientos ya hacen: “Que no todo lo construido junto al mar es igual, no todo lo que está cerca del mar es ilegal y hay lugares que representan un valor que no podemos perder”, detalló.
En la Región de Murcia hay familias afectadas en Puerto de Mazarrón, Puntas de Calnegre, Cabo de Palos y Los Nietos, principalmente. En el Congreso de los Diputados estuvo una representación de los vecinos perjudicados y junto a ellos estuvo senadores y diputados nacionales por Murcia, como Juan Luis Pedreño
“Es un intento de dar oxígeno a las familias afectadas y de resolver una injusticia para los que están sufriendo la decisión unilateral del Gobierno de Pedro Sánchez” que “les quiere derribar sus casas”, dijo Pedreño. Y estamos hablando, añadió, de viviendas, de familias sencillas, con casas que tienen un valor histórico, un valor etnológico y que forman parte del paisaje costero”.
La proposición de ley del PP se dirige a preservar “lo que tiene valor y está integrado”. Propone, además, “armonizar” la protección del dominio público, recogida en el artículo 132.2 de la Constitución, por ser “unas construcciones que forman parte del paisaje cultural del litoral español”.
Plantea también reconocer instalaciones de interés local, como los clubes náuticos, que forman parte de la identidad de nuestro litoral, y que ven amenazada su contribución al crecimiento económico y social de las ciudades donde se instalan por “una aplicación rígida” de dicha normativa.
En su exposición en el Congreso, por último, Carlos Gil acusó al Gobierno de causar “efectos irreversibles” a los propietarios de pequeñas viviendas y negocios con la paralización a la que está sometiendo en la Cámara Baja a la ley del PP de protección de litoral proveniente del Senado, que acumula hasta 47 prórrogas.