El Grupo Parlamentario Popular ha registrado una moción en la Asamblea Regional en la que insta al Consejo de Gobierno a solicitar al Gobierno de España que asuma el pago al completo del turno de oficio de manera urgente, independientemente de si han sido reconocidos o no por el servicio de justicia gratuita, y que liquide la retribución correspondiente a los abogados del citado turno, además de los estipendios que correspondan por este servicio, “sin retrasos ni dilacion
La viceportavoz del GPP, Miriam Guardiola ha calificado de "nefasta", la gestión realizada por la ministra de Justicia, Dolores Delgado por lo que " nos sumamos a la petición de dimisión que el Pleno del Consejo General de la Abogacía Española". La corporación profesional, según ha explicado la diputada autonómica, ha denunciado “el enfrentamiento de la señora Delgado con el conjunto de la Abogacía” y ha puesto de manifiesto “la importancia de que el candidato a la investidura a la Presidencia del Gobierno sepa que cuenta en su Gabinete en funciones con una de las peores ministras de Justicia que se recuerdan”.
“No lo hemos dicho nosotros, sino el Consejo General de la Abogacía”, ha puntualizado la viceportavoz del PP en la Asamblea, “cuyo Pleno adoptó además la decisión de emprender acciones legales contra el ministerio de Justicia para reclamar el pago de la totalidad de los servicios que los abogados del turno de oficio prestaron por designación judicial el pasado mes de octubre, pese a que con posterioridad no se reconociera el beneficio de justicia gratuita para los encausados”.
Guardiola ha manifestado que “desde el Grupo Parlamentario Popular queremos mostrar nuestro más firme apoyo a los abogados del turno de oficio, que los 365 días del año cumplen con una función social esencial, garantizando derechos fundamentales de los ciudadanos de manera rigurosa, eficiente y profesional”. La diputada autonómica ha hecho referencia a que “preservan con absoluta igualdad los derechos fundamentales de defensa y a la tutela judicial efectiva y prestan un servicio público con especiales exigencias de formación y un alto grado de calidad”.
“Los abogados del turno de oficio merecen un reconocimiento público, y no este trato injusto y precario que ataca la dignidad de la profesión”, ha concluido Miriam Guard