Los alcaldes y concejales del PP en la Región de Murcia han iniciado una ofensiva parlamentaria para exigir al Gobierno de Sánchez que se haga cargo de los costes de gestión de la tramitación del Ingreso Mínimo Vital porque los servicios sociales no cuentan con los suficientes recursos para afrontar la atención ante la avalancha de demandantes de esta nueva prestación. En esta moción, tal y como ha explicado la Vicesecretaria de Acción Social del PP, Violante Tomás, se pide un fondo específico que garantice los recursos económicos suficientes para hacer frente a este nuevo servicio que se está ofreciendo.
Los líderes del PP han mostrado en bloque la exigencia al Gobierno de Sánchez de un fondo para hacer frente al gasto extra que va a suponer la prestación de este servicio al constatar esta semana que “los servicios sociales se han colapsado ante la falta de información proporcionada por el Ministerio a los ayuntamientos”.
En una reunión mantenida con los alcaldes, portavoces y concejales del PP de Atención Social, y a la que han asistido la directora general de Personas con Discapacidad, Conchita Ruiz, y el secretario general del PP, Miguel Ángel Miralles, la responsable de Acción Social del PP ha puesto en valor el gran trabajo que lleva a cabo el personal de las áreas sociales en los consistorios, pero que “en muchos casos están al límite de su capacidad porque la crisis sanitaria les ha forzado a duplicar esfuerzos para hacer frente a tramitación de ayudas sociales, por lo que no podemos sobrecargar más el servicio”.
“La falta de planificación del Gobierno de Sánchez y su estrategia de gestionar a golpe de titulares”, tal y como ha subrayado Tomás, ha provocado una vez más “que mecanismos como el Ingreso Mínimo Vital llegue a los ayuntamientos a través de un simple correo electrónico sin más concreciones y ayudas para gestionarlo”.
Por encima de ideologías políticas
Tomás lamenta que PSOE en la Región de Murcia sea incapaz de defender los intereses de los ciudadanos por encima de los políticos y se retracten con el voto en contra de esta moción, como ha ocurrido en San Javier, mientras esta semana la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), tras mantener una reunión con el ministro Escrivá y en la que estuvo presente el alcalde de Murcia, mostró “que la unanimidad para pedir un fondo específico está por encima de las ideologías políticas”.