El PP insta al Gobierno de España a que modifique la Ley de Cambio Climático que pone en jaque al sector de la acuicultura en la Región de Murcia

14 de agosto de 2020. El senador nacional del PPRM, Juan María Vázquez, ha dado a conocer las medidas presentadas por el Grupo Popular en las Cortes Generales con el fin de preservar los derechos concesionales y acabar con la inseguridad jurídica que va a ocasionar el cambio de normativa propuesto por el Gobierno de España con la Ley de Cambio Climático y Transición Energética que pretende aprobar en otoño y que pone en jaque el sector de la acuicultura en la Región de Murcia.

Vázquez ha pedido al Gobierno central que no ponga en riesgo las nuevas inversiones sobre el sector de la acuicultura porque “la aprobación de la nueva propuesta de la ministra, Teresa Ribera, supondría un nuevo golpe a los intereses de la Región de Murcia, donde las empresas de acuicultura soportan un empleo directo e indirecto superior a las 2.500 personas con una facturación anual de unos 200 M€ con tendencia creciente”. Así, ha defendido que “se deben de hacer compatibles las acciones para mitigar el cambio climático con la sostenibilidad del sector creciente y próspero”.

Sin embargo, medidas como las anunciadas solo significarían un retroceso poniendo en riesgo no solo su crecimiento sino el mantenimiento de los puestos de trabajo”. “El principal activo de las empresas de acuicultura son las concesiones de ocupación  del dominio público marítimo-terrestre, donde desarrollan su actividad”, ha incidido el senador Vázquez, tras conocer de primera mano la preocupación de la Asociación de Empresas de Acuicultura de la Región de Murcia.

Así, ha indicado que desde el Grupo Popular se han dirigido tanto al Ministerio para la Transición Ecológica y el cambio demográfico como al Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación para que modifiquen el artículo 18 del proyecto de ley.

El Ministerio responsable de las competencias en pesca no se puede “lavar las manos” ante medidas propuestas por otro Ministerio, como ha hecho. Por eso, hemos solicitado el informe preceptivo que el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca remitió al Consejo de Ministros cuando aprobó el proyecto y del que esperamos que defendiera los intereses de los acuicultores.

De la información a la que tenemos acceso, tal y como ha indicado Vázquez, “ninguna mención hace al artículo 18  y que afecta directamente al mantenimiento de la actividad del sector de la acuicultura viéndose abocados a un futuro incierto con pérdida de empleo, la huida de inversores ante desarrollos de nuevas granjas marinas y, en definitiva, una inseguridad jurídica de una actividad de la que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación tiene la responsabilidad y las competencias”.

De hecho, como indica Vázquez, el propio Consejo de Estado recomienda que este tipo de modificaciones se realicen en la Ley de Costas y que ponerla en esta Ley suscitaría dudas interpretativas contrarias a la seguridad jurídica.