El PP exige responsabilidades al tripartito de la ciudad de Murcia, tras el archivo de la denuncia por Conexión Sur

El PP municipal quiere conocer la identidad de quién presentó la denuncia y le insta a que, de acuerdo con lo sucedido, dimita y afronte las consecuencias de sus hechos, que es lo mismo que demandarían los dirigentes del tripartito si su denuncia realmente hubiera tenido fundamento

Esta resolución pone al desnudo la campaña de desprestigio que ha llevado a cabo el tripartito municipal con el único objetivo de alimentar la trama de mentiras, bulos y falsas denuncias de Diego Conesa para justificar el asalto al poder que escenificaron en el Ayuntamiento de Murcia

Hasta el momento, ya se han archivado 8 denuncias, que utilizaba el tripartido para justificar su asalto al poder en La Glorieta y para alimentar su trama de injurias y calumnias intento embarrar la gestión honesta del gobierno del Partido Popular, una actitud desleal por la que deben responder, asumiendo responsabilidades políticas

19, abril, 2021.- La portavoz del Partido Popular en la Región de Murcia, Miriam Guardiola, y la portavoz del PP en Murcia, Rebeca Pérez, acompañadas por los concejales José Guillén, Mercedes Bernabé, Jesús Pacheco y Antonio Navarro han exigido al tripartito municipal de la ciudad de Murcia compuesto por Podemos, Ciudadanos y PSOE que asuma responsabilidades políticas, tras el archivo de la infundada denuncia sobre el proceso participativo de Conexión Sur.

Rebeca Pérez ha lamentado que “el tripartito ha intentado por todas las vías atacar la gestión del PP en las instituciones”, y “el último ejemplo del fracaso de la trama del tripartito lo hemos conocido por la Agencia de Protección de Datos, que ha archivado la reclamación presentada contra el Ayuntamiento por parte del PSOE sobre el proceso de participación que se realizó en el marco del proyecto estratégico Murcia Conexión Sur”.

La portavoz municipal del PP en Murcia se ha cuestionado “¿qué habría sucedido si la denuncia malintencionada hubiera tenido fundamento?, algo que no ha ocurrido. “La izquierda, más Ciudadanos, hubieran pedido responsabilidades políticas y dimisiones de manera rotunda. Por eso, hemos remitido una comunicación interior para conocer la identidad de quién presentó la denuncia y le instamos a que, de acuerdo con lo sucedido, y a la mayor brevedad, dimita y afronte las consecuencias de sus hechos. Estos ataques infundados y sistemáticos a la gestión del Ayuntamiento no pueden quedar impunes”, ha dicho la ‘popular’.  

Por su parte, la portavoz regional, Miriam Guardiola, ha asegurado que se están desmontando una a una todas las acusaciones y bulos injustificados en los que el PSOE asentó el asalto a las instituciones. “La denuncia archivada pone de manifiesto que la moción de censura no solo era injusta, sino totalmente falta de fundamento, ya que ha sacado de la institución a un buen gobierno que en pro de los vecinos de Murcia”.

Para Guardiola “el PSOE en la Región es un partido desnortado, sin proyecto y sin líder” que “se dedica a inocular mentiras y bulos infundados y presentar mociones que solo importan a ellos mismos”. De hecho, “el PSOE ha convertido la política en un campo de batalla, no queremos ser como ellos, pero si siguen esta espiral de bulos atacando el honor del PP, tomaremos medidas y pediremos responsabilidades, tanto políticas como judiciales”.

Por su parte, la edil Mercedes Bernabé ha explicado que “la resolución avala la pulcritud con la que se llevó a cabo el proceso de participación ciudadana pese a los ataques constantes de la izquierda”. “La Agencia de Protección de Datos recoge en su informe que no concurre ningún motivo para iniciar un procedimiento sancionador, ya que el escrito presentado por el Ayuntamiento aclara la legalidad de las actuaciones llevadas a cabo en todo el proceso”, ha manifestado la ‘popular’.

La edil Bernabé también ha señalado que “el tripartito que forman PSOE, Podemos y Ciudadanos siempre se opuso a que los vecinos tuvieran voz en el proyecto Conexión Sur y no dudaron en judicializar el proceso participativo para tratar, sin éxito, de torpedearlo”.

Por su parte, Rebeca Pérez ha denunciado que “esta resolución dictada por la Agencia de Protección de Datos pone al desnudo la campaña de desprestigio que ha llevado a cabo el tripartito municipal con el único objetivo de alimentar la trama de mentiras, bulos, falsedades y falsas denuncias de Diego Conesa y justificar el asalto al poder que escenificaron en el Ayuntamiento de Murcia”.

Este hecho es un ejemplo más de la estrategia del chicle de Conesa y demuestra que todo el montaje que la izquierda, más Ciudadanos, armaron para defender la moción de censura en el Ayuntamiento solo está basada en bulos e insidias que carecen de fundamento.

Rebeca Pérez ha resaltado que “el archivo de esta causa es un ejemplo de cómo han alcanzado el poder en Murcia Ciudadanos y PSOE con la inestimable contribución de Podemos. Realizaron un montaje con mentiras que se irán cayendo por sí mismas porque son rotundamente falsas”. El archivo de esta reclamación interpuesta contra el PP no es la primera ni será la última y ejemplifica la judicialización de la política que realizan Podemos, PSOE y Ciudadanos para embarrar la gestión honesta.

Otros siete ejemplos de utilización de denuncias que han sido archivadas

Son variados los ejemplos de la judicialización de la política que el tripartito ha utilizado de manera interesada para desprestigiar al Partido Popular. En el caso del Ayuntamiento de Murcia, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, dependiente del Ministerio de Hacienda, desestimó el recurso presentado para suspender el procedimiento de contratación del servicio de la ORA, que declaró legal y formalmente impecable a pesar de los ataques realizados desde el tripartito. De la misma forma, una segunda resolución favorable para el Ayuntamiento despejó todas las dudas sembradas por el grupo Ciudadanos sobre los proyectos encargados a Urbamusa como medio propio municipal.

Durante el procedimiento para municipalizar el servicio de la ORA, la oposición trató de generar dudas acerca de la condición de Urbamusa de medio propio del Ayuntamiento, cuestión que quedó refrendada por hasta seis informes jurídicos y económicos, uno de los cuales lo elaboró el Departamento de Derecho Administrativo de la Universidad de Murcia, órgano que estableció que resultaba “claro y meridiano que Urbamusa es medio propio de sus administraciones matrices, es decir, el Ayuntamiento y la Comunidad Autónoma”.

Con estos dos archivos, todo el revuelo político generado en torno al proceso de municipalización de la ORA y los encargos de diversos proyectos municipales a Urbamusa quedó desacreditado porque los tribunales avalaron las actuaciones realizadas por el Ayuntamiento.

Máxima legalidad en el contrato de parques y jardines

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TARC), también ha avalado la actuación de los técnicos y los servicios municipales, hasta en tres ocasiones distintas la legalidad seguida en el proceso de licitación del contrato de parques y jardines, contrato que por otro lado, tiene cómo único responsable al concejal de contratación encargado de su firma, Mario Gómez, del grupo Ciudadanos. Toda esta trama de mentiras y enredos les ha llevado a utilizar denuncias contra sus propios actos.

Las tres denuncias presentadas, dos contra el proceso de licitación y una tercera contra el de adjudicación, fueron desestimadas TARC, lo que avala la legalidad de la tramitación realizada por los servicios municipales del Ayuntamiento.

De esta manera, solo cabe concluir que el contrato de parques y jardines fue redactado, licitado y adjudicado siguiendo de manera estricta todas las normas y preceptos legales aplicables a la contratación pública.

A pesar de que estas resoluciones dan la razón al Ayuntamiento de manera reiterada, el tripartito ha venido utilizando argumentos infundados para la denuncia y el descrédito.

En séptimo lugar, tampoco tuvieron recorrido las denuncias formuladas por Mario Gómez sobre las supuestas prácticas colusorias de dos empresas durante el proceso de contratación del servicio de mantenimiento, auxiliares de pista y salas, control de acceso y limpieza de las instalaciones deportivas.

Las mercantiles aludidas interpusieron un recurso ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales tras la decisión del señor Gómez de paralizar el proceso y la Justicia estimó su reclamación y acordó levantar la suspensión. El Tribunal recogió en su resolución que, el concejal de Ciudadanos, se excedió en sus competencias en este asunto, poniendo en evidencia su mal proceder en las actuaciones y la denuncia.

Cesión legal de los trabajadores de la Fundación Ramón Gaya

De igual manera, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia declaró que el Ayuntamiento actuó conforme a la ley en el acto de subrogación de trabajadores en la Fundación Ramón Gaya. El Tribunal estimó, además, que no se vulneraron los derechos fundamentales de los empleados y que, por tanto, no hubo ninguna cesión ilegal.

Todas estas se suman a otras anteriores como la archivada en el caso de las obras del AVE sobre la declaración de impacto ambiental, lo que acreditan una rigurosa gestión municipal por parte del Partido Popular y una campaña de descrédito orquestada por el tripartito que queda desmontada.